Este 14 de abril se conmemoran 81 años de la proclamación de la II República española, la experiencia más genuinamente democrática de nuestra historia.
En el espacio de apenas cinco años y pese a la sistemática
resistencia del poder económico, militar y eclesiástico, la "república
de trabajadores de toda clase" inició la reforma agraria, instauró el
estado laico, generalizó la jornada laboral de 8 horas, reguló el
derecho de huelga, potenció los convenios colectivos, impulsó la
educación, la ciencia, el arte y la cultura, reconoció el derecho de
voto a la mujer, legalizó el divorcio y aplicó una política exterior de
defensa de la paz y la democracia.
Por su orientación y realizaciones, la II República significó para amplios sectores sociales más derechos y más democracia.
Sin embargo, ese proyecto de país apenas esbozado fue truncado por
el golpe militar-fascista de 1936. Los cuarenta años de dictadura que
le siguieron desmantelaron esa obra y blindaron en el poder a una
coalición de militares, banqueros y miembros de la jerarquía
eclesiástica.
Tras muchos años de dura lucha por la democracia y la libertad, la
Transición reforma el viejo edificio donde se cobijaba esa coalición de
poder. La amplia mayoría de la sociedad consiguió de nuevo, aunque con
muchas limitaciones, derechos, libertades y democracia.
Más de treinta años después, la crisis económica es utilizada para
acabar con conquistas duramente conseguidas haciendo a su vez que el
marco político entre también en crisis.
El poder del mercado determina al poder político, desmantela los
avances políticos y sociales y limita la democracia. El sistema
político, con la ley electoral como punta de lanza, constriñe y falsea
la participación y la voluntad popular. La reciente reforma
constitucional consagra el sometimiento del bienestar social a los
intereses de los especuladores y los banqueros.
Sin embargo, la contestación crece. La memoria, pese a quien pese,
no se ha perdido. Sabemos que sólo a través de la lucha y la
movilización podemos conseguir los derechos que nos están quitando.
Sabemos que sólo juntándonos podremos darle la vuelta a esta situación.
Porque somos más.
Frente a un modelo de país basado en la especulación y el ladrillo,
sometido al poder económico, donde los principales partidos monárquicos
compiten a la hora de satisfacer las necesidades de uno u otro sector
económico, es necesario poner en pie un nuevo proyecto de país.
Un nuevo proyecto de país que ponga en el centro de su política y su
economía la participación activa y el bienestar social de la mayoría,
la democracia participativa y los derechos sociales.
Para esto, apostamos por abrir un proceso constituyente.
La apuesta por un proceso constituyente es una llamada a luchar por
nuestro futuro, a recuperar la soberanía popular y dar poder a la
mayoría social trabajadora como realización de la democracia.
Un proceso constituyente entendido como articulación de una amplia
mayoría social movilizada en la lucha democrática por sus derechos.
Apelamos al poder constituyente, al conjunto del pueblo, el único
que es capaz de definir y decidir el proyecto de país que queremos.
Esta formación entiende que la II República “nacida también en medio de
una crisis, significó tanto democracia y protagonismo para los sectores
populares como una política social avanzada, sin olvidar el impulso de
la Cultura en todos los órdenes (científico, artístico, académico y para
el disfrute de toda la sociedad”.
Un país con más derechos y más democracia, que hoy sólo puede significar una cosa: la Tercera República.
IZQUIERDA UNIDA DE ARJONA
